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Murcia llevará a Industria ante el Constitucional

Murcia llevará a Industria ante el Constitucional

28 Febrero 2011

El presidente de Murcia, Ángel Luis Valcárcel, ha anunciado que su comunidad presentará un recurso de inconstitucionalidad contra los recortes fotovoltaicos que contiene el Real Decreto-ley 14/2010. Una norma que, según sus palabras, “castiga la energía fotovoltaica de forma retroactiva”.

El recurso murciano fue anunciado ayer por Valcárcel ante la asamblea de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPER). El presidente de Murcia aseguró que con esa norma el gobierno central pone en peligro las inversiones realizadas por 20.000 agricultores que optaron por instalar plantas fotovoltaicas, así como la continuidad de cientos de puestos de trabajo.

Durante la asamblea de ANPER se señaló como uno de los elementos más perniciosos del RD-ley 14/2010 el hecho de que se limiten las horas de producción con derecho a cobrar la prima sin tener en cuenta la zona climática en la que se encuentran las instalaciones. Eso perjudica a las regiones, como Murcia, que tienen más horas equivalentes de referencia al año y disponen de una mayor capacidad de producción por el índice de radiación existente.

Valcárcel también informó de la existencia de un estudio realizado por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación en el que se pone de manifiesto la “incertidumbre creada por el Gobierno de Zapatero a este sector (fotovoltaico), así como la contradicción” existente con las políticas de la Unión Europea. Se refería a que la normativa comunitaria especifica que los gobiernos deben “asegurar que toda reforma del sistema de apoyo a las energías renovables garantice a los inversiones unas condiciones estables, evitando unos cambios retroactivos”.

En la actualidad, en la Región de Murcia existen unos 350 MW de energía solar fotovoltaica instalados, la mayoría corresponden a plantas de pequeños agricultores que  hicieron una inversión de futuro. Se calcula que unos 20.000 se verían afectadas por el recorte. Dejarían de percibir unos 83 millones de euros anuales. Otro efecto negativo sería la desaparición de 500 trabajadores que se dedican al mantenimiento de las instalaciones.

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