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Choque normativo contra las renovables.

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Los productores encuentran restricciones estatales que limitan la eliminación de trabas en Andalucía

Un hombre supervisa un huerto solar de Jaén. / JOSÉ MANUEL PEDROSA (EFE)

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La Consejería de Innovación ha aprobado dos iniciativas para facilitar la creación de entidades de energías renovables dentro del nuevo decreto ley de Medidas de Reducción de Trabas Administrativas para las Empresas. La intención es otorgar más competencias a las consejerías y evitar las del Ejecutivo de Rajoy, pero los productores se han topado con las restricciones establecidas en el ámbito estatal, que anulan los beneficios perseguidos. “La Junta hace lo que puede, pero los problemas los crea el Gobierno central y no sabemos cuando vamos a salir de la incertidumbre”, considera Carlos Rojo, secretario general de la patronal del sector.

La primera modificación supone la simplificación de la actuación urbanística para todas las iniciativas de generación y evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable, independientemente de su potencia, por lo que solo será necesario presentar un informe favorable de la consejería con competencia en urbanismo.

La segunda modificación prevé que todas las instalaciones, independientemente de quien las autorice, se considerarán de interés público.

“La garantía necesaria para la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos se establecerá por resolución de la consejería competente en energía”, detalló el secretario general de Innovación, Vicente Fernández, en la presentación de las medidas en unas jornadas.

La patronal, la Asociación de promotores y productores de energías renovables en Andalucía (Aprean), asegura que son iniciativas que benefician al sector, pero que no podrán ser efectiva hasta dentro de varios años. “Las consideramos positivas porque serán convenientes sobre todo para los pequeños productores. Y además se le dará más competencias a la consejería de Industria, que es quien sabe más del sector”, considera Rojo.

Para el secretario general de la patronal de estas energías, los reales decretos para las renovables aprobados en los últimos años por el Gobierno central son los que provocan el paro en las inversiones. Y los resume en tres puntos: “Por un lado, la retroactividad de las medidas aprobadas; por otro la falta de rentabilidad razonable, que contradice el derecho europeo y provoca que se pierda el marco jurídico; y, por último, la injerencia del Gobierno central en las competencias de las comunidades autónomas”.

El Gobierno central acumula decenas de demandas internacionales por los cambios de legislación y en Europa también tiene varios frentes abiertos. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo no ha atendido a las demandas de este periódico para que aportara su versión de la situación o respondiera a las críticas de los empresarios.

Piet Holtrop, abogado de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energéticoe impulsor en el Parlamento Europeo de la decisión de examinar los recortes a las renovables en España valora las recientes medidas propuestas por la Junta, pero plantea que algunas de las que se están aprobando en el Gobierno central incumplen las normativas europeas. “El problema es que las competencias para regular el sector las tiene el Gobierno central y ha introducido cambios legislativos a mitad del juego. Entre ellas, ha realizado una serie de modificaciones que no son conforme a derecho europeo”, asegura.

Entre las acciones que dice haber realizado se encuentran: reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, una impugnación a la moratoria a las renovables en el Tribunal Supremo, una denuncia a la ley del impuesto eléctrico y otra demandad, también ante el Supremo, por el nuevo Índice del Precio al Consumo. “La comisión ya ha pedido información a España por algunas de estas cuestiones hasta en dos ocasiones, pero la respuesta no ha sido satisfactoria”, recuerda Holtrop.

La Junta de Andalucía también ha planteado al Gobierno central sus protestas y ha presentado de momento cuatro recursos al Tribunal Constitucional por cuatro normas que perjudican a las renovables en la región. Además, la Administración andaluza ha solicitado una comisión bilateral al Gobierno para solventar las discrepancias de la reforma energética.

“Se espera que las medidas propuestas por la Junta puedan generar confianza en los posibles inversores, al menos en Andalucía, ya que el Gobierno central está poniendo en continuo riesgo su desarrollo con una dispersa y numerosa normativa que ha supuesto un cambio de las reglas del juego”, dicen fuentes de Innovación.

La Junta ha presentado también recientemente la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020, con la que la patronal Aprean se muestra a favor. “Por su firme compromiso con el modelo energético limpio, como impulsor económico y de empleo, y por su vocación integradora y de consenso con todos los agentes involucrados en el mismo”, detallaron en una nota.