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El cierre de dos plantas de residuos obliga a tirar 650 toneladas de lodos al campo.

PUBLICADO EN EL PAIS

La reforma legal de las renovables paraliza las instalaciones, financiadas por la UE

Costaron 56 millones en 2002 pero ya no son económicamente viables, según el Ayuntamiento

Parte de los residuos que no se tratan ya las plantas de secado han terminado en una finca de San Martín de la Vega. / ÁLVARO GARCÍA

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Las dos plantas de tratamiento de lodos de Madrid, que procesan los residuos de las depuradoras, están paradas desde hace meses porque no son rentables para las empresas que las gestionan por encargo del Ayuntamiento (PP).

La retirada de subvenciones para energías renovables por parte del Ministerio de Industria (PP) ha hecho saltar por los aires la ambiciosa inversión municipal de los últimos años en tratamiento de residuos. Los vertidos generados por las depuradoras, unas 650 toneladas diarias de lodo, son transportados ahora en camión a terrenos de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha. Además, se ha aprobado un expediente de regulación temporal de empleo que afecta a 12 de los 28 trabajadores de las instalaciones.

Madrid suma ocho estaciones regeneradoras de aguas residuales, con un caudal de 750 millones de litros diarios generado por cuatro millones de personas. Ese proceso produce energía (64,7 millones de kilovatios hora) y biogás (36,6 millones de metros cúbicos), y contribuye a convertir a la capital en la principal generadora de energías limpias a partir de deshechos de España.

Socialistas e Izquierda Unida critican a Alcaldía y Gobierno

  • “Tirar esos lodos al campo es un atentado ecológico y una práctica erradicada en las grandes urbes españolas y europeas”, censura el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que pide la “inmediata paralización”.
  • La edil Ruth Porta (PSM) cree que puede ser además de un delito ecológico.
  • “La reforma del Gobierno hace más barato cerrar plantas que producir energía limpia, como es más barato tirar que tratar”, carga la concejal Raquel López (IU).
  • Y añade: “Para los residuos: reducción, reutilización, reciclado y, en último caso, otras formas de eliminación”.

Pero también produce residuos sólidos (238.471 toneladas). Hasta el año 2000, eran transformados en abono agrícola en plantas al aire libre mediante descomposición biológica. Eso provocaba malos olores —en Villaverde, Vallecas y Perales del Río— y lixiviados (restos líquidos con nitrógeno, sulfatos y metales pesados) que se filtraban y podían contaminar las aguas subterráneas.

Para evitarlo, el Ayuntamiento construyó entre 2001 y 2002 dos plantas de secado térmico (Sur y Butarque). Costaron 56 millones de euros, 10 de ellos de fondos de cohesión de la Unión Europea.

En estas instalaciones se deshidratan los residuos, reduciendo su peso y volumen. Consumen energía (gas natural), pero también la generan. La planta Sur trató 173.887 toneladas en 2012 y generó 193.672 megavatios hora. Butarque trató 64.584 toneladas y generó 148.569 megavatios hora.

En conjunto, energía suficiente para 100.000 hogares. El resultado de ese proceso, que se realiza a cubierto para evitar emanaciones, es un abono granulado casi inodoro y sin patógenos.

Las plantas, operadas con una concesión de 25 años por Sacyr y Ferrovial, están en parada técnica desde enero (Butarque) y marzo (Sur) con la aquiescencia del Ayuntamiento, que admite que el tratamiento de lodos ya no resulta rentable. “El Gobierno empezó en 2012 a gravar la generación de renovables y la utilización de gas natural en el proceso. Esas cargas impositivas no estaban contempladas cuando el Ayuntamiento apostó por el proyecto, y afectan ahora a su viabilidad económica. Además, se han eliminado las primas o retribuciones”, señala el área de Medio Ambiente.

La alcaldesa, Ana Botella, escribió al ministro de Industria, José Manuel Soria, pidiendo que las instalaciones renovables municipales sigan beneficiándose de ayudas; se le respondió que sus alegaciones serán tomadas en cuenta en el desarrollo, ahora en marcha, del nuevo marco legislativo.

Entre tanto, las plantas siguen paradas. El Ayuntamiento está estudiando si debe devolver los fondos de cohesión a la UE. Ferrovial y Sacyr deberán seguir explotando las instalaciones, pero el nuevo marco puede costarle millones de euros al Ayuntamiento.

Sus contratos incluyen la opción, por causas coyunturales, de destinar los lodos a usos agrícolas sin secarse antes. Así que casi 700 toneladas de fango viajan cada día a fincas de la región y de Castilla-La Mancha, con cuyos propietarios negocian previamente las empresas. Es legal. Se hace en otras ciudades. Pero con coste medioambiental. Y con dos instalaciones de 56 millones de euros varadas en el limbo.

Un problema medioambiental en toda España

Las plantas de secado térmico, ahora paralizadas, “no producen olores, ni insectos, ni lixiviados, por lo que minimizan el impacto ambiental”, defendía el Gobierno municipal (PP) en 2005. “Es una indudable mejora en la calidad de vida”, añadía, “y contribuye a que Madrid se instale en la vanguardia y progrese”.

Esos avances se han quedado en nada con el nuevo marco legislativo para las energías renovables aprobado por el Gobierno (PP) en 2012. Los lodos de las depuradoras ya no se destinan a compostaje a cielo abierto como antaño, lo que evita malos olores, pero desde principios de año tampoco son sometidos a tratamiento térmico antes de tirarse al campo.

El 80% de los fangos de depuradoras tienen uso agrícola a nivel nacional (el resto acaba quemado en la incineradora o en un vertedero). Pero la ley es muy exigente en ese sentido. El decreto 193/1998 de la Comunidad de Madrid prohíbe utilizar lodos para fines agrícolas que no hayan sido “tratados por una vía biológica, química o térmica, mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento adecuado que reduzca, de manera significativa, su poder de fermentación y los inconvenientes sanitarios de su utilización”.

La paralización de las plantas municipales no es, en cualquier caso, una excepción. La instalación de secado térmico de la Comunidad de Madrid lleva funcionando al 30% desde hace tiempo.

Fue inaugurada en el municipio de Loeches en enero de 2010 por la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, y el ahora líder regional, Ignacio González. La gestiona el Canal de Isabel II, que sólo puso el 20% de los 45,8 millones de euros que costó: el resto (36,7 millones) procedió, como en las plantas municipales, de fondos europeos.

La planta tiene capacidad para tratar 155.000 de las 217.000 toneladas anuales que producen las depuradoras del Canal. Pero sólo 105.000 se someten a secado térmico; el resto se trata mediante compostaje. La instalación puede producir 158.400 megavatios hora al año, energía suficiente para alimentar Tres Cantos.

“Nosotros aguantamos más, pero otras instalaciones echaron el freno a partir del cambio de normativa de 2012”, señalan fuentes municipales. Como ejemplo, indican los casos de Barcelona, donde aseguran que una instalación se ha parado y la otra trabaja a mínimo rendimiento; y Cantabria y Valladolid, donde, añaden, sus plantas también han dejado de funcionar por el cambio normativo.