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El Gobierno quiere pactar con las eléctricas la reforma del sistema de precios,Empresas Sector Energía.

Miguel Ángel Patiño 0 El Ministerio de Industria ha dado un giro de 180 grados en el talante con el que está llevando a cabo la reforma eléctrica. De ejecutarla unilateralmente y desoyendo las propuestas de empresas y asociaciones, ha pasado a pedirles expresamente su opinión e incluso ha solicitado ideas para abordar una de las medidas más relevantes que se avecinan: la reforma del sistema de revisión de tarifas de la luz. Fuentes del sector empresarial confirman que Industria lleva días manteniendo reuniones selectivas con algunas grandes eléctricas, con las comercializadoras independientes más representativas, e incluso con entidades financieras. Todos estos grupos tenían, en mayor o menor medida, participación en las denominadas subastas Cesur. Este mecanismo de revisión de precios estuvo vigente hasta diciembre, momento en el que el Gobierno, a través de la Comisión de Competencia, lo canceló de la noche a la mañana, ante la sospecha de que la subasta se estaba manipulando, con precios que se habían llegado a hinchar un 30%. Cancelar la Cesur, donde se casaban ofertas mayoristas de compraventa de electricidad a futuro, fue en la práctica una intervención gubernamental urgente de los precios de la luz y terminó de enervar al sector. La intervención de precios, sin precedentes en la democracia española, era el colofón a la caótica situación que vive el sector energético después de dos años de proceso de reforma normativa, y abría la puerta a nuevos pleitos. El hecho de que ahora busque la participación del sector es un gesto que está siendo muy valorado por algunas empresas y, de alguna forma, ha apaciguado la crispación que había hace unas semanas. El Gobierno se comprometió a diseñar un nuevo mecanismo de fijación de precios «estable» para que empezara a funcionar en el segundo trimestre. Si el Gobierno finalmente logra el consenso del sector, podría tomarse más tiempo en el diseño de ese mecanismo, para no precipitarse con un asunto clave en todo el sistema. Algunos recuerdan el caso de Bélgica, donde el Gobierno, ante una escalada de los precios, decidió congelarlos durante nueve meses para tener tiempo suficiente en el diseño de un nuevo sistema. En España, no sólo se trata de decidir si la Cesur sigue siendo válida o no, adaptándola (por ejemplo, con subastas con periodos mas largos, más frecuentes y volúmenes más reducidos). El rediseño puede ir más allá. Se están planteando revisiones que, en lugar de trimestrales, sean anuales, como se está imponiendo en Europa, y que haya una hoja de ruta clara hacia la liberalización total.


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