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El líder de renovables de EE UU demanda a España por la reforma eléctrica.

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Nextera solicita un arbitraje internacional por los recortes de las primas

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Nueva demanda contra España por la reforma eléctrica. Se trata del grupo Nextera, líder de Estados Unidos en energía renovables, que registró el pasado día 23 ante el organismo de arbitraje internacional CIADI una solicitud para dirimir sobre los recortes en la rentabilidad de sus instalaciones de termosolar a través de sus filiales Nextera Energy Global Holdings y Nextera Energy Spain Holdings, ambas domiciliadas en Holanda. Nextera, con sede en el estado de Florida, está presente en España a través del proyecto Termosol, que cuenta con dos plantas termosolares de 49 megavatios cada una en Extremadura.

La demanda interpuesta por Nextera (antes denominada Florida Power) va contra la orden ministerial que regula los parámetros para la remuneración de las instalaciones renovables. Esta orden está todavía por aprobar, pendiente del real decreto sobre energías renovables que el Ministerio de Industria envió la semana pasada al Consejo de Estado y que presumiblemente se aprobará esta semana o la próxima. Esta norma supone un recorte en la remuneración de las plantas a partir de este mismo año. Para 2014, la retribución estimada para las primas a las renovables ascenderá a 7.630 millones, lo que supone un descenso del 15% respecto a 2013.

Nextera había provisionado 263 millones de euros por sus inversiones en España. La empresa, además, amenazó con liquidar su filial española al tiempo que inició negociaciones con los bancos que habían financiado sus inversiones para reestructurar la deuda. En un comunicado enviado a la SEC, regulador de los mercados de Estados Unidos, informó de que el valor en libros de sus proyectos en España ascienden a 612 millones de euros, pero que actualmente se ha reducido a 382 y que se habían dado hasta el 1 de junio para firmar nuevas condiciones.

El grupo estadounidense creó su filial española, Nextera Energy España, en 2008. Ese año, acordó con el Gobierno de Extremadura la puesta en marcha de las dos citadas plantas termosolares en Navalvillar de Pela (Badajoz), lo que suponía la creación de 100 puestos de trabajo.

La demanda de Nextera ha sido interpuesta por el despacho Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, con sede en Londres, y a ella deben responder la Abogacía General del Estado español, el Ministerio de Justicia y el Gobierno de España, que tienen tres meses para negociar un acuerdo amistoso.

A la demanda de Nextera deben responder la Abogacía General del Estado español, el Ministerio de Justicia y el Gobierno de España

El Ministerio de Industria ha declinado hacer declaraciones, manteniendo una actitud de prudencia, al igual que con la batería de pleitos iniciados contra España en el organismo dependiente del Banco Mundial. También ha recibido demandas en otros tribunales de arbitraje con sede en Europa. En la mayoría de los casos se alega la violación de la Carta de la Energía, un tratado internacional cuya finalidad es proteger las inversiones de empresas de unos países en otros.

En total se contabilizan en torno a 15 demandas de que van contra el Real Decreto 14/2010 sobre reducción del número de horas fotovoltaicas; la Ley 15/2012, que introdujo el impuesto sobre los ingresos brutos de la venta de electricidad aplicando un tipo fijo del 7%, y el Real Decreto-Ley 2/2013, que cambió los parámetros de actualización de los incentivos a las renovables.

Además de Nextera, han acudido al arbitraje los fondos Rreef (de Deutsche Bank), Antin (de BNP Paribas), Eiser y Masdar, soberano del emirato de Abu Dabi asociado con la española Sener. También las españolas Abengoa e Isolux, esta con la canadiense PSP Investment (fondo de pensiones de los funcionarios, el Ejército y la Policía Montada) se han personado contra España, que ha pasado a ser uno de los países con un mayor número de casos abiertos en el CIADI, por detrás de Venezuela, Argentina, Egipto, Hungría y Perú, y al mismo nivel que Turkmenistán y Uzbekistán.