PUBLICADO EN ENERGIAS RENOVABLES
El decreto extremeño 160/2010, de 16 de julio -decreto aprobado por el último gobierno socialista de la región-, obliga a los promotores que quieran instalar un parque eólico en la región a optar entre crear tres empleos por megavatio instalado o entregar al menos el 8% de lo que facture ese parque al ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentre. Pues bien, ese es el decreto que el gobierno extremeño, presidido por José Antonio Monago (Partido Popular), quiere derogar. ¿Qué ocurré Pues que la norma, en vigor desde hace casi cuatro años, nunca tuvo efecto, porque en Extremadura no hay ni un solo megavatio eólico instalado.
La reforma energética emprendida por el Partido Popular a principios de 2012 ha dejado exhausto al sector eólico, que apenas ha instalado en estos dos años de Gobierno Rajoy (y solo gracias a la inercia de los proyectos ya emprendidos) 1.285 megavatios (MW). El año 2013 ha sido particularmente duro, pues el parque eólico nacional solo ha crecido en 175 megas, el menor incremento registrado en los últimos quince años. Los motivos de esa parálisis son diversos, pero, por encima de todos ellos, sobresalen dos: en primer lugar estarían los recortes que ha aplicado el Ejecutivo Rajoy a los ingresos que perciben los productores eólicos (el más grave de esos recortes es el derivado de la eliminación de la prima y su sustitución por la denominada “rentabilidad razonable”) y, en segundo lugar, estarían los impuestos de nuevo cuño que ha ideado el gobierno de la nación en estos últimos dos años para gravar a la energía eólica (entre ellos, el más duro quizá es la Tasa Soria del 7% al kilovatio generado). Además, el futuro se presenta incierto, pues el gobierno central ha dejado escrito -lo deja bien claro en su último decreto- que la “rentabilidad razonable” será revisada cada tres años, por lo que los recortes podrían reproducirse, lo cual no contribuye a tranquilizar a los inversores, cada vez más remisos a promover parques en España (y en Extremadura).
Extremadura: el páramo eólico más vasto de España
Pues bien, en ese contexto, ahora, 30 meses después de la victoria en las generales del Partido Popular, el presidente extremeño, José Antonio Monago (PP), ha anunciado que quiere derogar una norma que nunca tuvo efecto en el páramo eólico más vasto de España, Extremadura (cero megavatios eólicos). La norma a derogar -decreto 160/2010- habría obligado a los promotores a optar entre crear tres empleos por megavatio o entregar al menos el 8% de la facturación a los ayuntamientos que acogieran parques. Pues bien, la propuesta Monago -de momento solo “proyecto de decreto“- apuesta por la derogación porque considera que esas condiciones suponen “un marcado lastre para el desarrollo de este tipo de instalaciones, pues obligan a los inversores con objetivos en nuestra comunidad a realizar un esfuerzo económico mayor al de otras regiones y, teniendo en cuenta la nueva política de la Administración General del Estado y de la Unión Europea -concluye la propuesta Monago-, genera la inviabilidad económica de los proyectos”.
El 7% de la Tasa Soria, sí; el 8% para los ayuntamientos, no
La propuesta de derogación del Ejecutivo regional llega casi tres años después de que el popular Monago accediera al gobierno de la región, en julio de 2011. Es decir, que Monago llegó al gobierno de su región mucho antes (año y medio antes, exactamente) de que el Ejecutivo Rajoy aprobara la Tasa Soria del 7% al kilovatio generado (diciembre de 2012) y mucho antes también, dos años antes, de que el mismo gobierno de la nación ideara la denominada “rentabilidad razonable” (julio de 2013), medida que le supone al sector eólico un recorte de la prima del 33%. Resulta pues cuanto menos curiosa la iniciativa del Partido Popular de Extremadura, que promueve ahora en Mérida la derogación de una norma (la de los tres empleos ó el 8% para los ayuntamientos) que nunca entró en vigor, mientras aprueba en Madrid dos normas que han conducido al sector a la parálisis: la Tasa Soria del 7% (siete por ciento que no irá a parar a los ayuntamientos de Extremadura, por cierto) y la “rentabilidad razonable”… del 33.
Un recorte del 33
Treinta y tres por ciento de recorte en la prima del kilovatio generado en un parque eólico. 33% con el que estuvieron de acuerdo todos los diputados extremeños del Partido Popular presentes en las Cortes Generales el día de la votación de esa norma. Sea como fuere, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha valorado “positivamente” la decisión del Ejecutivo Monago (de aligerar la presión fiscal) “ya que, tras la Reforma Energética en tramitación, va a ser muy complicado que se instale nueva potencia eólica en España”. AEE se queja de la pesada carga impositiva que soporta la eólica: “a los impuestos locales (ICIOs, Bienes Inmuebles de Características Especiales -BICEs-, tasas por ocupación del suelo, de mantenimiento de caminos, ocupación de vías…), y los autonómicos, como los cánones urbanísticos, se sumaron a partir de 2009 los cánones eólicos, que, en comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León gravan los impactos medioambientales de la eólica, una tecnología nacida precisamente para preservar el medio ambiente”.
AEE, contra los impuestos autonómicos
El resultado es que la eólica -denuncia AEE- “es la tecnología generadora de electricidad que más impuestos soporta en España, con una carga fiscal que supera el 21% de sus ingresos”. Solo el último hachazo a la retribución al kilovatio eólico -el asestado por la “rentabilidad razonable”- le ha supuesto al sector una sangría de más de seiscientos millones de euros (M€). En concreto, y según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la eólica va a perder casi tanto (608 M€) como todas las demás renovables juntas (fotovoltaica, termosolar, hidráulica y biomasa), que ven mermados sus ingresos en 722 M€. Habida cuenta de toda esta situación, el sector pide al gobierno que aproveche la reforma energética en la que está embarcado -”o la reforma fiscal que se plantea el Ministerio de Hacienda”- para poner “orden en este caos, armonizando fiscalmente todo el territorio español y dejando sin efecto los impuestos autonómicos que gravan las instalaciones del antiguo Régimen Especial”.
