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Hacienda enreda la ‘reforma Soria’ al parar los informes de Boston y Roland Berger

NOTICIA PUBLICADA EN EL CONFIDENCIAL

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“La cuestión de fondo es que no se están haciendo las cosas bien”, lamentaban ayer fuentes del sector fotovoltaico. Poco antes, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, instancia dependiente deCristóbal Montoro que vela por la buena praxis en los contratación pública, decidía suspender de forma provisional los contratos adjudicados por parte del Ministerio de Industria a las consultoras The Boston Consulting Group y Roland Berger para la elaboración de estudios que ayuden a fijar la retribución de los huertos solares y otras energías limpias. Todo dentro de la reforma eléctrica lanzada antes del verano por el tándem Soria-Nadal.

La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) había recurrido la contratación de esas dos firmas, llevada a cabo por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), al considerar que el procedimiento no había tenido publicidad alguna y que la realización de los informes había sido adjudicada “a dedo”. En su resolución del 20 de noviembre y “visto el informe del órgano de contratación”, el Tribunal acuerda “suspender provisionalmente” el proceso en tanto los perjuicios de continuar “son de difícil o imposible reparación”.

La cuestión no es baladí, en tanto esos informes son claves para fijar la rentabilidad razonable del 7,5% que establece la reforma eléctrica para las renovables, una vez finiquitado el sistema de primas. Por ejemplo, para la fotovoltaica, el Ministerio fijará cientos de escenarios tipo en que se englobarán los 55.000 inversores que apostaron en su día por esta tecnología, cuya nueva retribución se regirá por el modelo al que queden vinculados. De hecho, la entrega de los informes estaba fijada para mediados de noviembre e incluso es posible que ya obren en poder del ministro, José Manuel Soria, cuyo objetivo es tener esos parámetros listos para mediados de diciembre.

Ahora se abre un melón de consecuencias jurídicas difícilmente previsibles. “En nuestra opinión, esos informes no deberían utilizarse para fijar la retribución a las energías renovables –exponen fuentes de Anpier–. Carecen de toda validez en tanto parten de un procedimiento que está actualmente suspendido. Es más, aunque finalmente el Tribunal Central diera luz verde a esa adjudicación, el proceso está de todo punto viciado. Nunca entendimos por qué las bases de ese concurso no eran públicas. De hecho, el IDAE evitó proporcionarlas, ni siquiera cuando nosotros mismos nos personamos para recabarlas con un notario. Las cosas no se hacen así”.

El IDAE publicaba el anuncio de adjudicación el pasado 1 de octubre, con un tipo de concurso “negociado” más arbitrario que el abierto y que sólo puede ponerse en marcha bajo una serie de supuestos tasados. El organismo solicitaba “la elaboración y realización de estudios que valoren y establezcan los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías de generación de electricidad que operan en régimen especial en España, así como la asistencia técnica en procedimientos judiciales y/o arbitrales en los que sea parte la Administración General del Estado”. Por su trabajo, The Boston Consulting Group y Roland Berger percibirían 295.000 y 300.000 euros, respectivamente.

Una contratación ‘de incógnito’

El recurso presentado por Anpier, al que ha tenido acceso El Confidencial, recuerda que la contratación directa en el ámbito público debe tener un carácter excepcional y esboza los supuestos intereses ocultos tras la falta de transparencia del procedimiento. “Parece meridiano cuál es el actuar de la Administración. Mantiene incógnito el contenido de una licitación que afecta de lleno a los intereses de nuestros asociados, con el ánimo de que el contenido mismo no pueda ser impugnado por los interesados, y cuando se pueda, ya habrán emitido sus informes los adjudicatarios de la licitación puesta en cuestión”, subraya el documento. Y remata: “Produce una indefensión extraordinaria la indebida opacidad del organismo público, motivo por el cual se inicia este recurso”.

En esta línea, solicitaba la paralización cautelar de la contratación, dada la urgencia con la que el Ministerio quiere regular esa rentabilidad razonable. “La justificación de dicha suspensión ha de traer causa de la evidencia de que el IDAE ha manifestado recientemente su intención de resolver la definición de los estándares (…) antes de finalizar el año 2013, circunstancia para la cual necesitaría los informes supuestamente contratados en la licitación que de forma evidente se niega a publicar. De resolverse dicha eventualidad (…) el daño para aquéllos [los perjudicados], que no podrán acudir a los tribunales ante una posible vulneración de la legalidad procedimental, sería extraordinario”, reclamaba ante el organismo supervisor.

En efecto, el propio Soria apuntaba a principios de noviembre que cotejar los informes de las consultoras era el único trámite pendiente para alumbrar los detalles de la reforma, que “va a estar en vigor el 1 de enero de 2014”La clave del nuevo marco legal está en el artículo 38 del real decreto que regula la producción de las renovables. “Por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, se aprobarán para cada instalación tipo los parámetros retributivos necesarios para la aplicación del régimen retributivo específico”, expone la norma. En este sentido, añade que se tendrán en cuenta la inversión por unidad de potencia, la vida útil regulatoria o el número de horas de funcionamiento de la instalación, entre otros criterios. Por tanto, el recorte final al sector estará en la orden ministerial que delimitará estas magnitudes.