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LA GRAN GESTION DE SORIÁ.El déficit de tarifa eléctrica alcanza hasta octubre 4.481 millones

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Competencia prevé que se rebaje notablemente en los tres últimos meses

Poste de la luz en Lugones (Asturias). / ELOY ALONSO (REUTERS)

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la décima de las catorce liquidaciones provisionales de costes del sector eléctrico que arroja un déficit de tarifa provisional hasta octubre de 4.481 millones, frente a los 3.600 millones que tiene previsto reconocer el Gobierno para el conjunto del año.

No obstante, el regulador advierte de que no puede proyectarse a futuro dado que no tiene en cuenta en su totalidad los cambios normativos realizados hasta el momento para contener su evolución, ni los ahorros que se producirán hasta final de año.

Con todo, la CNMC indica que en la última liquidación “comienza a reflejar una ligera reducción sobre las previsiones” del déficit de tarifa, la diferencia entre los ingresos vía peajes del sistema eléctrico y los costes de la actividad regulada.

La energía declarada se ha situado un 0,1% por encima de lo previsto. Sin embargo, los ingresos correspondientes a la misma han disminuido un 4,2%, o lo que es lo mismo 463 millones de euros. Ello se explica porque se han producido mayores reducciones de la demanda en consumidores que pagan un precio medio mayor.

En segundo lugar, la cantidad destinada al pago de la prima del régimen especial (energías renovables) en los diez primeros meses asciende a 8.188 millones de euros, un 3,8% inferior a lo previsto. Esto supone una disminución de 325 millones de euros, que se debe al hecho de que una parte sustancial de las instalaciones fotovoltaicas han alcanzado el número máximo de horas de producción con derecho a prima, según explica la CNMC.

El Gobierno aprobará este viernes el nuevo método para fijar el precio de la luz a partir de enero, tras anularse la subasta eléctrica. En este sentido, Facua-Consumidores en Acción ha remitido una denuncia contra el Gobierno al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão, por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, al considerar que “no garantiza ni la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, explica que el Gobierno de España “no tiene implementada ninguna medida que proteja realmente al consumidor vulnerable y que, cada año, aumenta el número de familias excluidas del suministro energético”.

Facua lamenta que el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno se negara recientemente a debatir la propuesta del grupo Izquierda Plural (que contaba con el apoyo del principal grupo de la oposición, el socialista), “entre cuyos objetivos estaba evitar dichos cortes de suministro durante la estación invernal”.

Asimismo, en su denuncia, Facua argumenta que “la única medida supuestamente orientada a la protección de los consumidores vulnerables” puesta en marcha por el Gobierno español ha sido el bono social “cuyas características no responden realmente a los objetivos fijados en la directiva, ya que su tarifa no resulta realmente reducida ni da cobertura a un número suficiente de usuarios en situación de vulnerabilidad”.

Facua detalla que este bono social sólo recoge el derecho de usuarios cuya potencia contratada no supere los 3,3 kW —perfil que reúne un escasísimo porcentaje de usuarios domésticos— a recibir el suministro con una tarifa congelada vigente a mediados de 2009.

El PP no se da por aludido en las críticas por su insensibilidad por la llamada “pobreza energética” y se limita a criticar a las eléctricas. El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez-Pujalte, reconoció que está entre los ciudadanos a los que no les “cuadra mucho” que las empresas energéticas destaquen que han “ganado muchísimo” y, a la vez, se suba el precio de la luz para los consumidores.

El diputado popular, en declaraciones a RNE, dijo que, aunque es muy complejo le parece “tremendo” que muchas familias estén a la espera del precio final de la luz porque es uno de los bienes “más necesarios”.