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RD de renovables: este viernes sí.

PUBLICADO EN ENERGIAS RENOVABLES

Pepa MosqueraViernes, 06 de junio de 2014

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El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este viernes el Real Decreto sobre renovables, cogeneración y residuos. Una norma duramente criticada por el sector y otras organizaciones sociales que consagra la inseguridad jurídica  y no garantiza la prioridad de despacho de la electricidad generada con tecnologías limpias, en contra de lo establecido por la Unión Europea.

RD de renovables: este viernes síEl Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno “sigue apoyando a las energías renovables”, pero que esta norma, que acaba con el sistema de primas y lo sustituye por otro de incentivos a la inversión, “era imprescindible para dotar de estabilidad al sistema eléctrico (…) ya que sino “se iba a la quiebra”, responsabilizando así, de nuevo, a las renovables de causar el llamado déficit de tarifa. El Consejo de Ministros ha aprobado, precisamente, otro real decreto con el objetivo de agilizar y aumentar la “eficiencia” en las colocaciones del déficit de tarifa, que supera los 30.000 millones de euros.

El nuevo sistema para las renovables, que se completa con una orden ministerial, establece 1.400 tipos de plantas y vincula el cobro de retribuciones adicionales a lo que reciban en el mercado eléctrico a una “rentabilidad razonable”, determinada por la evolución de la deuda pública para toda la vida útil de cada instalación. De esta forma, cada planta cobrará en función de la inversión, de lo recibido hasta ahora y de su vida útil. Como ya advirtió la Asociación Empresarial Eólica (AEE) hace tiempo, con este esquema numerosos parques eólicos dejarán de recibir retribución adicional.

Actualmente, la rentabilidad razonable, que en concreto está vinculada a la evolución de las obligaciones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, ronda el 5,8 %, según explicó el ministro. No obstante,  fuentes de Industria, en declaraciones a la agencia Efe, han subrayado que la referencia del bono será la correspondiente a cuando se aprobó la ley del sector eléctrico y que situaba la rentabilidad en el 7,5 %.  Según los cálculos del Ejecutivo, las tecnologías del régimen especial –es decir, renovables, cogeneración y residuos– recibirán 200.000 millones de euros de retribución en toda su vida útil.

Se penaliza no solo el pasado, sino el futuro
Las primeras reacciones del sector a este RD han empezado a producirse de inmediato. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) destaca que la norma ahonda en la ruptura de la seguridad jurídica y la arbitrariedad de criterios, pues los parámetros sobre los que pivota podrán variarse cada tres años y la tasa de rentabilidad razonable cada seis. La asociación asegura que el 30% de los proyectos fotovoltaicos sufrirá recortes de en torno al 40% de los ingresos previstos, lo que llevará a estos proyectos a no poder hacer frente al pago de la deuda que tienen con los bancos, a menos que se realicen quitas de en torno al 20%.

La inseguridad jurídica que instaura el texto  –que no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por el sector– imposibilita, además, no solo la financiación de nuevos proyectos en España, sino también la refinanciación de los existentes, afirma UNEF. La aprobación de este RD supone además la posibilidad de que desaparezca en la práctica y debido a eventuales modificaciones del mecanismo de casación del mercado eléctrico la “prioridad de despacho” de las energías renovables a la hora de vender su electricidad en el mercado mayorista, un derecho recogido en la normativa europea UE/2009/28.

En palabras de José Donoso, Director General de UNEF: “El RD aprobado hoy por el Consejo de Ministros penaliza no sólo el pasado, sino también el futuro. Con la inseguridad jurídica que se ha creado para nuestro país, será muy difícil en el futuro convencer a los inversores de que acudan a este sector, o solo lo harán con una prima de riesgo que perjudicará la competitividad de la tecnología”.

Irresponsabilidad absoluta
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) pone el acento en que el nuevo marco legal para las renovables deroga toda la legislación previa, sobre la cual 62.000 familias invirtieron 20.000 millones en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica, y que ahora no contarán con los retornos que tenían garantizados por el Estado para afrontar los pagos pendientes con la banca: 18.000 millones de euros.

Anpier considera “una irresponsabilidad absoluta aprobar una reforma de este alcance sin consenso sectorial, político, territorial ni interno en el propio Partido Popular, puesto que incluso comunidades gobernadas por el PP, como Murcia o Extremadura, han llevado al Tribunal Constitucional esta reforma”. Y exige que los promotores de esta nueva regulación, el Ministro José Manual Soria y el Secretario de Estado, Alberto Nadal, respondan en un futuro de las graves consecuencias que tendrá.

“Si tan extraordinaria y sólida consideran esta reforma, a pesar de aprobarla sin el diálogo ni el consenso deseable y advertidos de las miles de demandas que deberá soportar el Estado, deberían asumir las consecuencias legales que se pudieran derivar y, para ello, renunciar a sus aforamientos; puesto que resulta disparatado que se pueda imponer una política de Estado vital, como es la energética, cuando sus autores nunca tendrán que responder del resultado” .

Anpier tiene convocada una manifestación el 21 de junio en Madrid frente al ministerio de Industria para que todos los afectados “puedan mostrar la situación de ruina, indefensión y desesperación que soportan y exigir que los que toman estas decisiones tenga que responder de sus consecuencias”.

Grave retroceso
También Greenpeace califica el RD de Renovables aprobado hoy como un grave retroceso para el modelo energético español. “Penaliza a los productores más eficientes y desincentiva las inversiones en renovables. El nuevo decreto cambia el actual sistema de primas, que hasta ahora estaba vinculado a la energía producida, por uno nuevo en el que la retribución depende de la potencia instalada, la cual no tiene relación con la energía real que se vierte a la red”, indica la organización ecologista.

“Esta nueva normativa supone cambiar las reglas en medio del juego. Las personas y empresas que decidieron hacer inversiones en energías renovables lo hicieron bajo el amparo de unas normas en vigor que ahora de pronto ya no existen”, ha declarado Marina Bevacqua, responsable de la Campaña de Energías Renovables de Greenpeace.  Y añade que es necesario seguir trabajando para defender las energías renovables, al ser estas un elemento central del nuevo modelo energético que se necesita para salvar el clima.

Demagogia
El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, ha denunciado, por su parte, “la demagogia” del Gobierno con el nuevo marco aprobado este viernes para las energías renovables, ya que supone señalar al sector como el culpable de todos los males. “Se juega a confundir. No es serio jugar a poner a la opinión pública contra un sector que es el gran damnificado”,  ha señalado Villarig en declaraciones a Europa Press.

El presidente de la patronal, que a falta de una lectura detallada indicó que no prevé que el Real Decreto cuente con “cambios sustanciales” a los que ya se conocían, aseguró que se toma “un fallido punto de partida”, ya que “no se persigue la eficiencia y la buena gestión” y que las medidas adoptadas por el Gobierno demuestran la “ausencia de seguridad jurídica” en España.

Otras organizavciones, como la Fundación Renovables, han informado de que en breve darán a conocer su posición sobre esta normativa.