PUBLICADO EN EL CONFIDENCIAL
Plataforma de almacén de gas del proyecto Castor. (EFE)17/06/2014 (05:00)
Corría el mes de junio de 1994. El Gobierno socialista aprobaba la paralización definitiva de cinco centrales nucleares incluidas en la moratoria acordada en los años ochenta. Entre ellas, Lemóniz, una instalación cuya concesión arrancaba en la época franquista y que nunca llegó a entrar en funcionamiento, golpeada por una espectacular movilización social en el País Vasco, primero, y por los atentados de ETA, después. Finalmente, el coste de una infraestructura a la postre inútil se abonó con el recibo de la luz durante las décadas siguientes. Un alto dirigente del sector aludía esta semana al polémico affaire Lemóniz para explicar lo que va a pasar con el almacén Castor en la inminente reforma del gas. La historia se repite. Y nos retrata.
“Entre o no el funcionamiento, la idea del Gobierno es no excluirlo de la reforma”, exponían estas fuentes, dejando claro que el Ministerio prefiere que sea la factura gasista la que costee de manera diferida el depósito de Vinaroz y no acometer de una vez el pago de una indemnización a la propietaria, Escal UGS, firma controlada por la ACS de Florentino Pérez. El planteamiento supone un duro golpe a las expectativas de los principales operadores del sector, que en estos días se reúnen con el Ejecutivo en pleno diseño de la reforma. No en vano, la dimensión del ajuste en ciernes depende de la decisión que se tome sobre esa infraestructura, paralizada por la serie de seísmos que tuvieron lugar a la vuelta del pasado verano.
Los números cantan. Como ya explicó El Confidencial, la retribución anual comprometida con el almacén supera los 200 millones de euros. Según los cálculos del sector, la sociedad gestora se embolsaría como retribución financiera y por amortización de la inversión unos 180 millones al año. Además, para pagar la operación/explotación del almacenamiento y sufragar el denominado gas colchón se apuntaría otros 70 millones. Todo a cargo del recibo. Aunque se trata de una cuantía elevada, abonar una indemnización tampoco es una solución apetecible para las maltrechas arcas públicas. No en vano, el Castor, cuyo presupuesto se situaba en 700 millones inicialmente, alcanzó una inversión de 1.700 debido a los sucesivos modificados.
El ministro de Industria, José Manuel Soria. (Gtres)El Ministerio de Industria ha pasado por diferentes estadios durante el proceso. En sus inicios, el departamento de José Manuel Soria se afanó en buscar negligencias en el almacén para no pagar a ACS. Sin embargo, el feeling en las últimas fechas pasa por no judicializar más el conflicto. Todo después de que el Tribunal Supremo rechazara en octubre pasado la demanda del Estado para eliminar una cláusula del contrato entre las partes, según la cual los propietarios del Castor tendrían derecho a una compensación por reversión del proyecto. Aunque en un principio Soria no cerró puerta alguna, agarrándose a que el fallo sí deja claro que no cabría indemnización si se hubieran producido conductas dolosas o culposas que lleven al cierre del depósito, a nadie escapa que sería un escenario nada fácil de probar.
El otro déficit de tarifa: más pequeño pero también peligroso
La cuestión no es baladí. Aunque las compañías están de acuerdo en asumir una rebaja razonable para reformar el gas sin demasiado ruido, el depósito de marras puede levantar ampollas si dispara en exceso la factura. “Las empresas están dispuestas a asumir un ajuste, siempre y cuando no sea tan brutal que las estrangule y no les permita crecer”, aseguraban fuentes del sector. Aunque el agujero del gas está muy alejado del generado por un déficit eléctrico descontrolado, Industria quiere atajarlo para curarse en salud y evitar de plano el problema estructural que vislumbra.
De acuerdo con los cálculos que maneja el sector gasista, el déficit a finales del pasado año se situaba en casi 400 millones de euros. Sin embargo, la CNMC ha encendido después las alarmas para que esta cifra no se dispare peligrosamente a lo largo de estos meses. El organismo regulador que preside José María Marín Quemada considera que, si no se adoptan medidas estructurales dentro de este año, el déficit de tarifa en el mercado español de gas alcanzará en 2014 un volumen de 800 millones de euros.
La intención del Gobierno apunta en estos momentos a un recorte estructural de casi 400 millones de euros, repartido prácticamente al 50% entre las actividades de transporte y de distribución. La esperanza de las compañías es que la recuperación económica les permita a medio plazo compensar buena parte del ‘rejón’, ya sea a través de una reactivación de la demanda o de un mayor crecimiento del negocio. Los Enagás, Gas Natural Fenosa, Naturgas, Madrileña de Gas y Redexis ya han abordado la cuestión con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. El objetivo consiste en cerrar el acuerdo antes de las vacaciones de verano. Con o sin el Castor en sus balances.
